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Los
Obispos reciben del Estado Nacional una asignación mensual para
gastos propios y de sus obispados. En otras época, las mismas
diócesis recibían ayuda económica para sus empleados.
Actualmente, no existe más que esta asignación que llega a nombre
del Obispo, y se emplea para varios fines.
Dicha
asignación es equivalentes al 80% de la remuneración de un
Juez
de primera instancia, para los Arzobispos y Obispos residenciales, y
al 70% de un Juez de primera instancia para el caso de los Obispos
Auxiliares y Eméritos. Esto,
en 2007, representa las sumas de $ 7.287 y $ 6.376 mensuales
respectivamente.
Las
razones por
las cuales el Estado les otorga estas asignaciones están explicadas
con mayor detalle en la sección "La Iglesia y el
Estado".
Sobre
este tema, también, queremos agregar algunas aclaraciones
complementarias:
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Notemos que estamos hablando de asignaciones y no de
sueldos. Aquí
la aclaración se vuelve más significativa, porque los Obispos
no son empleados del Estado.
Los
Obispos tienen plena autonomía en el gobierno pastoral y económico
de sus respectivas diócesis. Y el Estado tampoco tiene injerencia
en los nombramientos episcopales.
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Estas asignaciones son utilizadas para solventar no sólo los gastos
personales y pastorales de los Obispos, sino también -en muchos
casos- para afrontar los gastos de algunas estructuras
diocesanas.
No
son pocas las curias (oficinas de los obispados) que pueden llevar
adelante sus tareas gracias a estos aportes, y en algunas diócesis
es prácticamente el único ingreso con el que cuenta el obispado.
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Finalmente, y es oportuno decirlo, muchos Obispos colaboran
con dinero de su propio bolsillo para ayudar económicamente a otros
sacerdotes, a personas, instituciones con bajos recursos, o
parroquias.
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Un
obispo recibe del Estado Argentino una asignación
equivalente al 80 % de la remuneración de un Juez de Primera
Instancia. |
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